La necesidad de una política común de residuos

Hace unas semanas el Consejo Económico y Social de España (CES) presentó el Informe sobre Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social, en el que se desarrollan las fortalezas y debilidades de la descentralización legislativa autonómica de España en materia de medio ambiente.

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad y se han ido fijando unos mínimos que las empresas deben cumplir en pro de la calidad ambiental. Sin embargo, hoy en día nos encontramos ante un panorama de disparidad de legislación ambiental y en un momento de relajación del cumplimiento de las normativas por falta de presupuesto y control por parte de la Administración Pública.

La ausencia de una política común de residuos para todo el país provoca una diferenciación en los estándares medioambientales exigibles a las empresas. Cuestión que además origina diferencias en los costes e impuestos según la región donde las empresas estén localizadas. Ejemplo de ello en materia de residuos, es la reciente aprobación del canon por residuo en Castilla y León. Desde abril, las empresas deberán abonar una tasa por tonelada de residuos depositada en los vertederos. En otras Comunidades este impuesto no existe, lo que lleva a muchas compañías a preferir transportar los residuos a otras regiones.

Tanto en el informe como en las asociaciones del sector de gestión de residuos, se reclama leyes integradoras, que armonicen y simplifiquen la normativa y los procedimientos en lo referente a la autorización y el tratamiento de los distintos tipos de residuos. Con una política común y la gestión y el control de cumplimiento de ésta por parte de la Administración, se fomentarán las buenas prácticas y la creación de empleos verdes.

Con una clara delimitación del sector y definición de los procesos y agentes que forman parte de la actividad, se creará un entorno de competencia leal y respeto del medio ambiente. Y así se contribuirá en solucionar los conflictos hoy en día existentes en diferentes Comunidades, como Cataluña, donde la utilización interesada del concepto de  subproducto lleva a tratar residuos peligrosos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. De esta forma se evitarían los daños que estas prácticas provocan en la salud, el medio ambiente y el sector.

(Entrada publicada en el blog del Centro de Innovación del Sector Público del Instituto de Empresa el 29 de marzo de 2012)

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