Nuevo proyecto de Real Decreto sobre traslado de residuos

El pasado 21 de febrero el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente abrió el plazo para que los actores implicados en el sector de los residuos puedan presentar observaciones y sugerencias en relación con el Proyecto de Real Decreto sobre traslados de residuos.

Este proyecto de Real Decreto es la primera propuesta de la Comisión de Coordinación en materia de residuos y trata de clarificar el régimen aplicable a los traslados de residuos dentro del Estado Español.

El objeto de este Real Decreto es establecer normas comunes para los traslados y criterios homogéneos que unifiquen el tratamiento de residuos en todas las CC.AA.

En el documento que el Ministerio somete a consulta se incluyen los nuevos requisitos para los traslados. Entre las novedades destacan:

2CR  Centro de transferencia

  • Será necesario un contrato de tratamiento entre operador de origen –persona física o jurídica que traslada- y destinatario, que establezca especificaciones de los residuos, condiciones del traslado y obligaciones en caso de incidencias.
  •  Se sustituye el Documento de Control y Seguimiento (DCS) por un Documento de Identificación (art. 6) que tendrá por objeto identificar y acompañar al residuo durante su traslado. La instalación de recepción dispondrá de 30 días para comprobar el residuo y remitir el documento de identificación al productor para comunicarle su aceptación.
  • Notificación previa en los casos de eliminación y valorización de residuos peligrosos (RP), residuos sólidos urbanos (RSU) y los que se determine reglamentariamente. La notificación se remitirá a las CCAA de origen y destino con 10 días de antelación. Si en este plazo no se pronuncia la Administración, el operador podrá efectuar el traslado. También se contempla una Notificación general que tendría validez de 5 años para residuos de similares características físicas y químicas e igual destino e instalación.

Este régimen jurídico será de obligada aplicación cuando los residuos se transporten de una Comunidad Autónoma a otra y cuando el destino de los residuos sea su valorización o eliminación. Además, las CCAA decidirán si aplican este sistema dentro de su territorio.

El verdadero resultado de este Real Decreto debería ser que se garantice la trazabilidad del residuo, y posteriormente se compruebe que el residuo llegó su destino. También deberían dedicarse esfuerzos y medios a la detección de los traslados realizados sin notificación algunapara luchar contra el tráfico ilícito.

Como venimos demandando desde ASEGRE, la labor de homogeneizar las políticas vinculadas con el sector de los residuos debe ser una prioridad para aumentar la competitividad de la economía y optimizar los recursos. Además, para que toda esta normativa se ajuste a las necesidades reales del sector, es importante que los poderes públicos promuevan esta legislación debatiendo y dialogando previamente con los afectados. Por eso sería importante que la Comisión de Coordinación fuera más permeable a la participación sectorial y que no se quede en un lugar de encuentro solo para los distintos niveles de la Administración Pública.

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