El Tribunal de Justicia de la UE actúa contra España por casos medioambientales

Asegre_Tribunal Justicia UEEl arranque de 2016 está siendo duro para España en materia medioambiental. En apenas un mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abordado dos casos relativos a nuestro país. Por un lado, este tribunal ha dictaminado mediante sentencia el incumplimiento de España en 30 vertederos de residuos no peligrosos. La Comisión Europea se cansó de que sus advertencias cayeran en saco roto y llevó a España ante el Tribunal de Justicia por no haber cumplido la Directiva relativa al vertido de residuos. Esta Directiva obligaba a que los vertederos que estaban en funcionamiento en 2001, y que no cumplían las normativas de la UE, debían cesar sus actividades en 2009. A pesar de que 27 vertederos ya no contaban con autorización, España no los ha cerrado lo antes posible.

Por otro lado, este tribunal ha condenado a España por no tratar correctamente las aguas residuales urbanas. Nuestro país se sitúa actualmente en el puesto 19 de los 25 países analizados de la UE en términos de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Esta directiva, obliga a los Estados miembros de la UE a garantizar que en zonas urbanas se recojan y traten correctamente sus aguas residuales. En caso de no tratarse estas aguas, pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos, además de poder tener contaminación de tipo químico, representando un riesgo para la salud pública.

En el caso de aguas residuales, a nuestra asociación le preocupa especialmente que se permita a algunas instalaciones de tratamiento de aguas urbanas aceptar aguas residuales de origen industrial o de otras instalaciones de tratamiento de residuos. Estas aguas deberían ser tratadas en instalaciones especializadas y específicamente diseñadas para retirar la contaminación generada por la actividad industrial. De otra forma, el tratamiento no será real y sólo se estará aprovechando la capacidad de dilución de las instalaciones de aguas urbanas pero la contaminación no se retirará de manera efectiva.

A pesar de las mejoras que se han realizado en las áreas relacionadas con los dos casos expuestos anteriormente, España sigue contando con un enorme déficit de recursos para inspección y control. Las actividades de gestión de residuos tienen un peso económico y unas repercusiones ambientales que son lo suficientemente importantes como para que haya una mayor dedicación presupuestaria y de personal.  De otra forma, no será posible garantizar la adecuada gestión de los residuos, ni la aplicación completa de la legislación de residuos, tal y como reclamaba la Comisión Europea en el estudio presentado en enero de 2012: Implementing EU waste legislation for green growth, en el que se indica que se podrían crear 400.000 puestos de trabajo en este sector en la Unión Europea hasta 2020.

Estas cuestiones ya las expusimos en la Ponencia de Estudio de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado. Sin duda colaboraría a minimizar este tipo de actuaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque países como Francia y Reino Unido también se enfrentan a casos similares, España debe tomar cartas en el asunto y plantear soluciones inmediatas para dos cuestiones que llevamos denunciando hace tiempo desde nuestro sector.

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